Veracruz mantiene revisión de notarías por denuncias de despojo inmobiliario
Veracruz
El Gobierno de Veracruz mantiene las inspecciones a notarías públicas ante denuncias por presuntas irregularidades en operaciones inmobiliarias, entre ellas falsificación de escrituras, suplantación de identidad y alteración de documentos. El secretario de Gobierno, Ricardo Ahued Bardahuil, informó que 150 personas han recibido atención por conflictos relacionados con la propiedad de sus inmuebles.
Durante su comparecencia ante el Congreso local, como parte de la glosa del Segundo Informe de la gobernadora Rocío Nahle García, el funcionario señaló que algunas operaciones irregulares ya fueron revertidas. Sin embargo, no precisó cuántas propiedades regresaron a manos de sus legítimos propietarios.
Ahued explicó que las investigaciones se realizan en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE) y el Poder Judicial. También sostuvo que no habrá protección para quienes resulten responsables de participar en estos hechos.
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Las inspecciones abarcan las 260 notarías que operan en Veracruz. No obstante, durante la comparecencia no se presentó un balance detallado sobre cuántas han sido revisadas, cuáles registraron anomalías o si existen procedimientos administrativos y sanciones contra fedatarios. El plazo establecido por el Gobierno estatal para concluir estas verificaciones es diciembre de 2026.
Piden mecanismos para proteger el patrimonio
Durante la sesión, la diputada del Partido del Trabajo, Elizabeth Morales García, recordó que en agosto pasado se habían reportado 106 audiencias ciudadanas por posibles despojos inmobiliarios, correspondientes a casos recibidos desde diciembre de 2025.
De acuerdo con esos datos, el 92 por ciento de los asuntos estaba relacionado con conflictos entre particulares, mientras que el 8 por ciento presentaba indicios de posibles irregularidades, como falsificación de documentos, identidades y poderes notariales.
Ante este panorama, la legisladora propuso establecer un sistema de alertas mediante correo electrónico o mensajes al teléfono celular para notificar a los propietarios cuando se intente vender, transferir o hipotecar una propiedad sin su autorización.
Digitalizar archivos requeriría 60 millones de pesos
Otro de los puntos abordados fue la modernización del Registro Público de la Propiedad. Ahued informó que el archivo histórico de esta dependencia concentra aproximadamente 48 millones de documentos.
Su digitalización tendría un costo estimado de 60 millones de pesos y permitiría mejorar los mecanismos de consulta, control y resguardo de la información, además de reducir los riesgos de alteración documental.
El funcionario reconoció la necesidad de fortalecer los controles institucionales para prevenir nuevos casos de despojo. Mientras tanto, las investigaciones continúan sin que se haya presentado un informe definitivo sobre las notarías con posibles responsabilidades.
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